viernes, 19 de junio de 2020

Vicentin: El respaldo

Respaldan la intervención a la cerealera 

Dirigentes políticos, gremiales, sociales, de derechos humanos e intelectuales 

Un grupo de dirigentes políticos, gremiales, de organizaciones sociales y de derechos humanos celebraron la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir Vicentin y enviar al Congreso un proyecto de expropiación, al tiempo que manifestaron su “convicción y militancia por una Vicentin pública no estatal, con control social” y reclamaron la participación de cooperativas, productores y trabajadores en su directorio.
La carta que encabezan con su firma el economista Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, el periodista y escritor Mempo Giardinelli y el ex titular de la Federación Agraria, Pedro Peretti, califica la decisión del gobierno como “irreprochable desde todo punto de vista” y la considera “la más trascendente tomada por un gobierno democrático en política agraria desde 1983”. ”Porque es una medida histórica que bien implementada producirá enormes beneficios para el pueblo argentino, estamos convencidos de que habrá que sostenerla en el tiempo, lo que es, desde ahora mismo, una tarea de todos/as”, señalan políticos como Pino Solanas, Fernanda Vallejos, Gabriel Mariotto, Leopoldo Moreau, Victoria Donda, Alcira Argumedo, Itai Hagman, Leonardo Grosso María Inés Pillati y Rubén Giustiniani.
Los dos meses de intervención de Gabriel Delgado son “claves para garantizar el mejor futuro del modelo agroindustrial del país”, advierten, y piden que se “vaya a fondo en cuanto a investigar y comunicar a la opinión pública las irregularidades encontradas y las por encontrar”. “Tan importante como investigar será comunicar todo lo que se encuentre dentro de esa autentica caja de pandora que son la empresa y grupo Vicentin y sus socias y conexiones, públicas o secretas”, señala el escrito que firman dirigentes gremiales como Daniel Yofra, Hugo Godoy, Víctor de Gennaro y Ricardo Peidro, y de organizaciones sociales como Juan Carlos Alderete, Daniel Menéndez y Juan Grabois.
A la par de la comunicación “objetiva y transparente” plantean la importancia de evitar “todo tipo de operaciones mediáticas como las que siempre organiza, patrocina y difunde la derecha política y económica”, y de alertar sobre las “tendientes a acotar la profundidad de la intervención con el oscuro fin de abrir paso a cualquier falsa ‘argentinización’ de la empresa”, hipótesis que ejemplifican con poner “a la cabeza a dos o más conocidos grupos monopólicos alimenticios nativos consociados, los que de ninguna manera serían parte de la solución sino parte del agravamiento del problema”.
En los últimos párrafos de la nota que también firman dirigentes de organismos de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, académicos como Ricardo Forster y Maristela Svampa, y periodistas como Alejandro Bercovich y Carlos del Frade, expresan su “convicción y militancia por una Vicentin pública no estatal, con control social”, que incluya en su directorio a “cooperativas, productores, trabajadores” y cuyo directores apliquen “un código de ética estricto que impida la renovación de mandatos en forma indefinida; la prohibición de nombrar familiares; la obligatoria declaración jurada de bienes; la asignación de sueldos que no excedan más de tres veces lo que gana un trabajador medio de la planta, y un compromiso estatal expreso de no nombrar a direct“La opinión pública argentina debe ser informada en detalle y en forma consistente: todo debe conocerse, todo debe informarse. La transparencia no se negocia, ni se declama, ni se cacerolea; se cultiva, practica y se ejerce. Como hicieron los mejores gobiernos democráticos y populares en nuestro país”, concluye.ores que tengan conflicto de intereses con la nueva Vicentin Pública”.

Vicentin: expropiación y empresa mixta .

El gobierno ratificó que enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiar la cerealera Vicentin y adelantó que busca conformar una empresa mixta como YPF. Los trabajadores, por su parte, respaldaron el desembarco oficial.

“No puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentin, donde los mismos accionistas dicen 'no tenemos cómo salvarla', que no pueden hacerse cargo de nada. Me piden que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación, pero uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia exclusivamente", afirmó el presidente Alberto Fernández en diálogo con Radio 10.
"El único instrumento que advierto para rescatar Vicentin es la expropiación, porque el Estado no tiene otro elemento, porque por ley los bancos públicos no pueden capitalizar deuda y porque YPF Agro no es una sociedad anónima, es una unidad de negocios que depende de YPF que es una empresa cuyo objetivo es la explotación básicamente de hidrocarburos y el vínculo de YPF y la agricultura tiene que ver con productos que YPF tiene para la fertilización del campo pero no la explotación agrícola y mucho menos la exportación de cereales".
Al respecto, el Presidente sostuvo que el mercado agroexportador "es muy importante" y que "por eso nosotros rescatamos a Vicentin de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra de Vicentin o con el pase de Vicentin a manos privadas y capitales extranjeros". "Yo advertí que el riesgo es muy grande y que seguramente al Estado no le haría mal tener una empresa testigo como es YPF en el mercado de hidrocarburos, una empresa testigo no supone la intervención sobre otras empresas", agregó.
El ministro de desarrollo Productivo, Matías Kulfas, incluso dio detalles sobre cómo será la nueva empresa. "Estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras", aseguró en una entrevista concedida al diario La Capital de Rosario. Y agregó: "El modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar. Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar".


Mientras tanto, los trabajadores de la empresa respaldaron la intervención del gobierno. “Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los Departamentos General Obligado y San Javier Provincia de Santa Fe, en carácter de Comisión Directiva, Comisión Interna y Delegados de Base, y sobre todo trabajadores de la empresa Vicentin Saic, expresamos nuestro apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir la empresa. Confiamos en que esta medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”, aseguraron. 

Acerca de la expropiaciòn de Vicentìn

Más de 175 organizaciones del movimiento sindical argentino manifestaron su respaldo a la decisión de intervenir y abrir la vía judicial y administrativa para evitar el vaciamiento del grupo Vicentin, adoptada por el presidente Alberto Fernández. 

En un comunicado, las organizaciones del movimiento sindical apoyaron la decisión con bajo el argumento de preservar los recursos de la banca pública, garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo y de los salarios de los más de 6.000 trabajadores del grupo de manera directa, y de los 20.000 que dependen de manera indirecta.


Además, la consideran una medida necesaria para mitigar la consecuencia que el mal manejo de la empresa dejó en los pequeños productores agrícolas y para evitar el proceso de concentración y extranjerización, dado el lugar estratégico que ocupa Vicentin en la producción de alimentos en una etapa crítica como la que está afrontando el país hoy.
El diputado Joaquín Blanco (FPCyS-Socialistas) presentó un proyecto que otorga facultades al Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad de las operaciones de Vicentin SAIC, defendiendo el interés público de la provincia de Santa Fe y sobre la base de los principios de federalismo, legalidad, transparencia, soberanía económica, defensa de los trabajadores y del sistema productivo santafesino.

“El gobierno de la provincia de Santa Fe deber tener un rol protagónico para que el problema de Vicentin tenga una propuesta santafesina de solución. Nos revelamos contra el hecho de que sea un asunto discutido y decidido en Buenos Aires. La salida tiene que ser pensada, acordada y liderada en el territorio santafesino”, señaló Blanco durante la sesión de la Cámara de Diputados. En la oportunidad, el legislador valoró el trabajo de sus pares de la Comisión de Seguimiento del Caso Vicentin, “surgida mucho tiempo antes de que este tema sea de debate central en la política argentina”.

“El presidente (Alberto Fernández) –continuó Blanco-, admitió estar abierto a propuestas alternativas y el gobernador (Omar Perotti) declaró que es necesario encontrar una solución superadora del proyecto de expropiación. Lo mismo sucede con los productores y las cooperativas afectadas. Esta Legislatura, entonces, no tiene que comentar la realidad que se discute en Buenos Aires, sino aportar a esa propuesta superadora de la que hablan el presidente y el gobernador. Es el momento de trabajar unidos para encontrar una solución que sea un gran acuerdo gestado en la provincia de Santa Fe y si hay participación estatal debe ser la del Estado santafesino”, afirmó.
“Buscamos un amplio acuerdo político –aseguró Blanco-, y por eso este proyecto lleva la firma de 30 diputados del bloque del Frente Progresista, Igualdad y Participación y Frente Social y Popular Ciudad Futura”.
De acuerdo a la iniciativa, el gobierno podrá auxiliar a las pymes productoras de granos y cooperativas de Santa Fe que hayan presentado verificación de créditos dentro del proceso judicial que lleva adelante el concurso preventivo de Vicentín, a través de la adquisición, mediante una negociación, de sus acreencias y derechos. El instrumento económico-financiero a utilizar para esa operación será el Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe, establecido en la Ley N° 13.622/17, “una herramienta que esta Legislatura le dio en su momento al gobierno y a través de la cual se puede lograr una salida negociada, evitando el grave impacto social que provocaría la quiebra de estos actores”.
Según el Banco de la Nación Argentina, hay 42 cooperativas de la provincia de Santa Fe involucradas, que representan una deuda de 7 mil millones. Asimismo, hay 755 productores que concentran una deuda de 16 mil millones de pesos, con un monto promedio de 21 millones.
“Ambos segmentos de acreedores grafican el impacto que tiene la paralización de Vicentín en la economía santafesina. Nuestra propuesta abarca solo a las pymes y cooperativas, por lo que requerimos información detallada al Banco Nación para precisar ese universo”, resaltó Blanco